El Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander llevar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece medidas en relación al ingreso al territorio nacional de dinero , valores y documentos negociables en los controles aduaneros, ubicados en fronteras, aeropuertos, puertos y zonas francas, cuando estos superen los B/10 mil.
Este proyecto permitirá a la Autoridad Nacional de Aduanas realizar una verificación de los orígenes de los fondos que son establecidos a través del documento que llenan todos los viajeros (Declaración Jurada de Viajero) que ingresan, transitan y salen del país por aeropuertos, puertos y fronteras.
La Lcda. Tayra Barsallo, Directora de la Autoridad de Aduanas, señalo que la ley buscará que la entidad cuente con herramientas legales precisas para determinar el origen de estos bienes que ingresan al país y combatir el contrabando y actividades ilícitas.
Indicó que entra mucho dinero en efectivo y oro por los puestos aduaneros y el problema es que si no lo declaran es delito, pero muchos lo declaran y aunque parezca sospechoso, Aduanas no tiene mecanismos de rastrear el origen de la plata, explicó.
Es importante señalar que el MEF, también presentará a la Asamblea el proyecto de ley que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Cumpliendo con las acciones del Gobierno Nacional para prevenir el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el crimen organizado y el delito, el Consejo de Gabinete también autorizó a varios ministros de Estado a que presenten ante la Asamblea Nacional proyectos de ley que tienden a castigar y prevenir actividades delictivas.
Entre las aprobaciones se autorizó al Ministro de Seguridad Pública, a que presente ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley mediante el cual se adopta la legislación de dominio de bienes ilícitos.
La iniciativa anunciada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen en su informe a la Nación del 2 de enero pasado ante el Legislativo, busca establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia .
Esta iniciativa pretende reducir a su mínima expresión la capacidad financiera y económica del crimen organizado y el narcotráfico, creando un marco legal que permita contrarrestar la actividad criminal, quitándoles la capacidad operativa y financiera mediante el debilitamiento de su estructura organizacional.
